El 14 de septiembre los ínclitos Cristobal Montoro y José Manuel Soria presentaban el Anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad, en esencia una reforma del mercado eléctrico que recoge nuevos impuestos y que entrará en vigor en 2013. Lo que no advirtieron es que escondía a modo de huevo de pascua digital, una confesión oficial del fiasco económico que se oculta tras la energía nuclear.
El Anteproyecto de ley (ver texto íntegro) en la Exposición de Motivos (página 2, apartado 3, segundo párrafo) dice:
La generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no pacíficos.
Así que el gobierno popular, que no ha escatimado saliva propagando el dogma de que la energía nuclear es barata, reconoce en documento oficial que genera una serie de “cargas y servidumbres de impacto económico difícil de evaluar”. Ya se lo traduzco. Se refieren a los costes de mantenimiento durante miles de años de los residuos nucleares, de los gastos billonarios que supondrían un accidente nuclear y del enorme coste del desmantelamiento de las centrales una vez finalizada su vida útil.
El documento continúa confirmando una de las tesis que los antinucleares esgrimimos contra la energía nuclear: “…la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad.” Así que “las amortizadas centrales nucleares”, según afirma Soria en cuanto tiene un micrófono ante el bigote, no lo están, sino que mantienen costes ocultos, de monto incierto y encima se asume que su cobertura recaerá en la población.
Tal incertidumbre lo es porque el gobierno quiere que así sea, ya que cuantificar el coste oculto de la energía nuclear no es imposible. De hecho, Ecologistas en Acción realizó un exhaustivo informe titulado Hacia la internalización de los costes ocultos de las nucleares en el que daba las cifras. Y asustan. Recordemos sencillamente que el desmantelamiento de la central Vandellós 1 en el año 2000 costó 115.000 millones de pesetas (cerca de 7.000 millones de euros). Si este coste previsto e ineludible se trasladará al precio de la energía suministrada por las centrales durante su vida, de modo que no recayerá después en el Estado, haría que viéramos que en realidad el KW nuclear cuesta un 50% más.
Admite también el anteproyecto de ley que “…el Estado asume la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo…”. Es decir, las compañías eléctricas se lucran durante la vida de la central y su basura radiactiva y el marrón de los restos tras su clausura pasan al Estado. O sea, nosotros. Gran negocio.
Pero no olvidemos que el dispendio oficialmente proclamado es invertir en energías renovables. Qué país.
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O sea que nos transfieren el coste intemporal de la gestión de residuos vía estado…. pero sigue habiendo “déficit tarifario”
Tonos no son, desde luego.
Muy buena entrada
Un saludo cordial
j